Vecinos de la Boya Petrolera buscan protección judicial para detener la celebración de dos importantes festividades en su localidad.
Acción de Amparo contra Megafiestas en la Ribera Oceánica
Un grupo de propietarios de chacras situadas en la ribera oceánica de la Boya Petrolera ha presentado una acción de amparo ante una jueza de turno, con el objetivo de detener dos grandes fiestas que están programadas para el 31 de diciembre y el 4 de enero en un campo ubicado en la ruta Nº10 “Juan Díaz de Solís”.La magistrada ha dado trámite a este recurso y ha convocado a una audiencia para el martes 31 de diciembre a las 10:30 horas en su juzgado.
Preocupaciones de los Vecinos
Según indican los vecinos en el recurso presentado, se trata de "eventos privados pero masivos" a los que se estima que asistirán cerca de diez mil personas mediante la compra anticipada de entradas.Estas fiestas, alegan, se caracterizan por la reproducción de música a alto volumen y la venta de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control, lo que provoca situaciones problemáticas entre los asistentes.
Violación de Normas de Emisión Sonora
Los organizadores del evento utilizan un sistema de sonido que supera los límites establecidos por la normativa departamental sobre emisiones sonoras, en particular el decreto 3865/2010. Los residentes subrayan que estos eventos no son compatibles con el entorno en el que se llevarán a cabo.En ocasiones anteriores, fiestas similares han tenido consecuencias perjudiciales tanto para los pobladores de la zona como para algunos de los asistentes, tal como se menciona en el recurso.
Dificultades de Acceso a la Información
Los afectados tomaron conocimiento de la realización de las mencionadas fiestas el 23 de diciembre, a través de publicaciones en redes sociales.Este tipo de eventos suele ser publicitado con una o dos semanas de antelación.
Además, destacan la dificultad de acceder a información sobre las autorizaciones para llevar a cabo estas fiestas.
A pesar de intentar obtener datos a través de "canales formales" de acceso a la información pública, les resultó complicado conseguir información sobre la entidad que solicita la autorización y organiza los eventos, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la actividad y el lucro que generan.
La comunidad espera que la audiencia del día de mañana arroje claridad sobre este tema y se respeten los derechos de los vecinos afectados.
Fuente: Correo Punta del Este
