Una perspectiva renovada sobre la violencia de género: esfuerzos por reducir las desigualdades existentes
Propuesta de Reforma a la Ley de Violencia de Género en Uruguay
Por la Dra.Esc.
Alejandra Altamiranda Estudio Jurídico “Signorelli-Altamiranda Asoc”.
En marzo de 2024, se presentó en el Parlamento un proyecto de reforma a la ley de Violencia de Género.
Es fundamental destacar que la legislación actual no ha contado con los recursos necesarios para su implementación, lo que ha llevado a fallas en el sistema de prevención de la violencia.
Diversos actores sociales y entidades de distintas índoles (jurídicas, sociales, sindicales, entre otras) han expresado sus opiniones sobre este tema, generando voces tanto a favor como en contra.
El objetivo del presente análisis no es profundizar en estos pronunciamientos, sino centrarnos en aspectos específicos que buscan mejorar el proyecto en beneficio de la protección de los derechos de las mujeres víctimas, sin desestimar los derechos de los denunciados, quienes también son sujetos de derecho.
Como operadores del derecho, al acudir a la Sede de Violencia Especializada en Violencia de Género para defender a un hombre denunciado por esta causa, constatamos la desigualdad que enfrenta el denunciado desde el inicio del proceso judicial.
La ley vigente, en su afán de proteger a la mujer, incurre en excesos conceptuales que desvalorizan las prerrogativas de cada parte, generando un entorno propicio para posibles injusticias dentro del ámbito jurisdiccional.
En la práctica, el imputado enfrenta considerables dificultades para presentar pruebas en su defensa y acceder a una defensa efectiva.
Por esta razón, se propone que los peritajes se basen, por ejemplo, en declaraciones visualizadas mediante cámara Gesell, historias clínicas u otros documentos, procurando evitar la revictimización secundaria y buscando la verdad fáctica de manera efectiva.
Asimismo, se plantea la inclusión de la posibilidad de que la prueba aportada por ambas partes sea evaluada respetando el derecho a la defensa.
Este aspecto es esencial, ya que asegura un funcionamiento adecuado del proceso, observando principios legales y constitucionales fundamentales.
Finalmente, es importante reconocer que la Ley N° 19.580, conocida como Ley de Género, fue promulgada con el objetivo de garantizar que las mujeres puedan disfrutar de una vida libre de violencia basada en género, mediante mecanismos y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.
Sin embargo, en su intento por corregir desequilibrios, ha derivado en desviaciones que vulneran el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, tal como está estipulado en el artículo 8º de la Constitución.
La reforma proyectada busca subsanar estas desigualdades.
En definitiva, ¿cuál es el objetivo de este cambio? Sin dejar de considerar los derechos de la víctima, se pretende mejorar la aplicación de la ley, facilitando así la labor de los operadores judiciales y protegiendo los derechos procesales de los denunciados.
Fuente: Diario Cambio
