Ffose y organizaciones sociales critican la aprobación ambiental del Proyecto Neptuno: «Resulta incomprensible»

El diario de la tarde - Uruguay

Ffose y organizaciones sociales critican la aprobación ambiental del Proyecto Neptuno: «Resulta incomprensible»

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FFOSE y colectivos sociales expresan su rechazo a la luz verde ambiental del Proyecto Neptuno: «Es difícil de entender»

Criticas a la Habilitación Ambiental del Proyecto Neptuno-Arazatí

La reciente habilitación ambiental previa otorgada por el Ministerio de Ambiente para el Proyecto Neptuno-Arazatí ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones sociales, gremiales y ambientales.
Estas entidades argumentan que la obra es inconstitucional, costosa y perjudicial para el acceso al agua potable.
El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos "Tato" Larrosa, calificó la medida como "antidemocrática" y advirtió sobre los riesgos económicos, sociales y ambientales vinculados al proyecto.
En una entrevista con Diario La R, Larrosa subrayó que la habilitación otorgada es solo preliminar, ya que el informe del Ministerio estipula que deben llevarse a cabo nuevos estudios y que la empresa Aguas de Montevideo deberá cumplir con exigencias rigurosas.
Larrosa cuestionó la relación entre el Ministerio y el gobierno que apoya el proyecto, sugiriendo que ello explica la aprobación inicial a pesar de las múltiples objeciones planteadas.
Entre sus críticas más contundentes, señaló que el modelo de financiamiento elegido, en el cual un consorcio privado construirá la infraestructura para luego alquilársela a OSE, "genera un sobrecosto de al menos 400 millones de dólares en comparación con una obra financiada con fondos públicos".
Además, el dirigente expresó dudas sobre la capacidad del proyecto para resolver el problema del abastecimiento de agua, indicando que solo aportaría entre el 15% y el 20% del agua generada en Aguas Corrientes, y que efectivamente solo un 7,5% llegaría a los hogares, a causa del elevado índice de pérdidas de agua potabilizada.
"Estamos hablando de un agua de peor calidad, y a un costo elevado que no soluciona el problema", enfatizó, destacando que el agua proveniente del Río de la Plata sería más salina y requeriría estrictos controles para su consumo.
Desde el punto de vista ambiental, Larrosa alertó sobre el impacto negativo que la construcción de la reserva de agua dulce podría tener en tierras productivas de San José, zona de alta producción agrícola.
Además, mencionó el riesgo de infiltración de agua del Río de la Plata al acuífero Raigón, vital para el consumo humano y el riego, así como posibles efectos negativos en los humedales y el balneario Arazatí, áreas de interés paleontológico.
El presidente de FFOSE también expresó sus inquietudes respecto a la falta de garantías en el monitoreo futuro de estos riesgos: "¿Quién lo va a controlar después? Ese es el principal riesgo ambiental".
A este panorama se suma la oposición política al proyecto; el presidente electo, Yamandú Orsi, manifestó su desacuerdo y afirmó que la prioridad de su administración será la instalación de una planta potabilizadora en Casupá, Florida.
Larrosa criticó la celeridad con la que el gobierno saliente ha llevado adelante los trámites en las últimas semanas, advirtiendo que la firma del contrato con el consorcio privado podría enfrentar al Estado a potenciales demandas internacionales ante incumplimientos o modificaciones en la obra autorizada.
FFOSE y otras organizaciones han delineado una estrategia que incluye acciones legales, movilizaciones y la solicitud de audiencia con las nuevas autoridades para frenar el proyecto.
"Nunca una organización que estuvo en contra del Neptuno cambió de opinión.
Cada vez somos más", afirmó Larrosa, resaltando el creciente rechazo popular y político hacia el emprendimiento.
Más de 30 organizaciones sociales, entre ellas FFOSE, FUCVAM y Redes-Amigos de la Tierra, firmaron una carta instando al gobierno a no firmar el contrato con Aguas de Montevideo y a permitir que el próximo Ejecutivo evalúe alternativas.
Estas organizaciones sostienen que el proyecto compromete la soberanía hídrica y podría tener consecuencias irreparables para el medio ambiente y la salud pública.
"Un gobierno responsable no podría firmar esto.
Es un sinsentido total", concluyó Larrosa.

Fuente: Grupo R Multimedio

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