El Parlamento aprueba la nueva legislación que regulará el trabajo en plataformas digitales en Uruguay.
Aprobación de Ley de Protección para Trabajadores de Aplicaciones Digitales
El Parlamento Aprueba Ley para la Protección de Trabajadores de Aplicaciones Digitales
En una reciente sesión, el Parlamento de Uruguay aprobó una ley destinada a salvaguardar los derechos de los trabajadores de aplicaciones digitales, quienes generalmente operan como autónomos, sin un vínculo de dependencia con las empresas.La aprobación se logró con 17 votos provenientes de la coalición, marcando un paso importante en la regulación del sector.
Principales Aspectos de la Ley
Derecho a la negociación colectiva para trabajadores autónomos y dependientes.Vinculación del pago por hora al salario mínimo nacional.
Límite de 48 horas de trabajo semanales por plataforma digital.
Inclusión de autónomos en el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Exigencia de transparencia sobre los algoritmos y el funcionamiento de las aplicaciones.
Opiniones sobre la Iniciativa
Los defensores de la ley argumentan que proporciona una "mayor protección" a los trabajadores.El proyecto fue presentado por la senadora suplente y expresidenta de la URSEC, Mercedes Aramendia, quien destacó que la ley busca "aportar claridad y garantizar derechos sin frenar la innovación".
Aramendia subrayó que la legislación se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en experiencias internacionales, procurando establecer un modelo mínimo de protección universal para todos los trabajadores de aplicaciones, tanto dependientes como autónomos.
Críticas a la Propuesta
A pesar del respaldo de algunos sectores, el proyecto no contó con los votos del Frente Amplio, que cuestionó aspectos clave de la iniciativa.Se señala que la ley no reconoce explícitamente la relación de dependencia de muchos trabajadores, lo que podría dar lugar a la precarización laboral.
Además, los críticos señalan que la propuesta implica que los trabajadores deberán asumir gastos relacionados con el mantenimiento de sus herramientas de trabajo, y critican la falta de un proceso de diálogo tripartito que incluya al gobierno, trabajadores y empresas en la elaboración del proyecto.
Fuente: Telenoche
