Uruguay y otras 13 naciones solicitan salvoconductos para brindar seguridad a los solicitantes de asilo en la Embajada argentina en Caracas.
14 Países de la OEA Exigen Salvoconductos para Opositores Venezolanos
Un total de 14 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado al Gobierno de Venezuela la emisión «inmediata» de salvoconductos para seis opositores que se encuentran asilados en la Embajada argentina en Caracas.Los países firmantes de esta solicitud incluyen a Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay.
Estos países han reafirmado su «compromiso con la protección de los Derechos Humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas», así como el «pleno respeto al derecho de asilo diplomático».
La declaración fue leída por el representante uruguayo ante la OEA, Raúl Florentín, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
En este contexto, se ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han realizado «actos de hostigamiento» contra la misión diplomática, actualmente bajo la protección de Brasil, incluyendo la presencia intimidatoria de personal armado.
Asimismo, se señalaron cortes en el suministro de energía eléctrica y agua, así como interrupciones en el ingreso de alimentos, lo que genera una situación de grave peligro para la vida e integridad de los asilados.
Los países firmantes advirtieron que estas acciones constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, especialmente de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena, que estipulan la obligación de proteger a las embajadas diplomáticas.
Del mismo modo, recordaron que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 impone al Gobierno venezolano la responsabilidad de garantizar la seguridad necesaria para que los asilados puedan abandonar el país sin riesgo para su vida, libertad o integridad.
El ministro de Exteriores argentino, Gerardo Werthein, calificó estas prácticas del Gobierno venezolano como «totalmente inaceptables» y aseguró que no deberían ser toleradas, ya que vulneran de forma evidente el Derecho Internacional.
Fuente: Grupo R Multimedio
