Punta Ballena: ¿Estamos ante la necesidad de expropiar y revalorizar la tierra? Analicemos su costo y las posibles fuentes de financiamiento.
Fallo de la Suprema Corte sobre el predio de Punta Ballena
Por Marcelo Gallardo – @emepege El 9 de noviembre de 2001, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo que destaca la importancia del predio de Punta Ballena como patrimonio estético para todos los uruguayos.El tribunal afirmó: “La majestuosa belleza de Punta Ballena trasciende la propiedad privada y es patrimonio estético para el goce de todos los habitantes del Uruguay”.
A su vez, reconoció que la zona pertenece a la familia Lussich, herederos de Don Antonio, pionero en la forestación desde el siglo XIX.
En su sentencia, la Corte subrayó que en un Estado de Derecho como el uruguayo, la propiedad privada es un derecho inviolable, y sostuvo que corresponde compensar a los legítimos dueños de este bien natural para que el dominio público pueda disfrutarlo en comunidad.
Así, desestimó el recurso de casación presentado por la Intendencia de Maldonado, confirmando la decisión de un tribunal de apelaciones que ya había respaldado la sentencia de primera instancia dictada en 1997 por la jueza Martha Chao de Inchausti, quien ordenó la entrega del predio a sus propietarios legítimos.
Un litigio prolongado
Esta historia comienza con el medio local Correo de Punta del Este, que fue el primero en informar sobre el fallo en primera instancia y alertar sobre la iniciativa de construir veintinueve edificios en la zona.El litigio entre la familia Lussich e la Intendencia de Maldonado data de 1995, aunque sus orígenes se remontan a los años cuarenta, cuando el predio adquirido por Antonio Lussich fue fraccionado.
En aquel entonces, el gobierno colegiado de Francisco Salazar reconoció la propiedad de la familia Lussich sobre la zona.
A finales de la década de los sesenta, el intendente Gilberto Acosta Arteta comenzó a visualizar la importancia turística del predio y las Grutas, iniciando un proceso de expropiación que fue interrumpido por los gobiernos militares.
Tras el retorno a la democracia, la familia Lussich llevó su reclamo a los tribunales, logrando demostrar que el estado no podía expropiar algo que era de su jurisdicción.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia confirmó lo que ya se había determinado en instancias previas: los Lussich eran los legítimos propietarios.
Negociaciones posteriores
Tras el fallo, se inició una larga negociación con la Intendencia de Maldonado.La decisión de Inchausti fue clara, ordenando a la Intendencia el retiro de construcciones como la ruta panorámica y estacionamientos del predio.
Aunque en algún momento los propietarios consideraron cerrar el acceso, finalmente llegaron a un acuerdo con las autoridades.
Los propietarios acordaron ceder espacios según un plano del arquitecto Félix Plottier, permitiendo así la continuidad de la ruta panorámica y miradores, mientras se construirían los edificios.
Proyecto de "área natural protegida"
Recientemente, grupos de vecinos han logrado reunir las firmas necesarias para solicitar al gobierno departamental que el predio sea declarado como “área natural protegida”.En paralelo, se espera la respuesta del Ministerio de Ambiente respecto a la solicitud de los propietarios para la construcción de los veintinueve edificios.
Si el ministerio rechaza el pedido, los propietarios podrían recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los vecinos que impulsan la solicitud aseguran que una negativa del ministerio podría poner en peligro el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Óscar de los Santos.
De rechazarse el proyecto, no solo se paralizarían las obras, sino que también se verían afectados los acuerdos de cesión de espacios por parte de los propietarios.
Cabe mencionar que una declaración de “área protegida” no afectará la propiedad del inmueble, que seguirá siendo de los Lussich.
La Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que cualquier expropiación debe ser compensada.
La pregunta ahora es: ¿quién asumirá esos costos? El intendente Antía ha afirmado que será responsabilidad del gobierno nacional tomar una decisión al respecto.
Fuente: Correo Punta del Este
