El diputado colorado Felipe Schipani impulsa un nuevo proyecto de ley que establece un plazo de 60 días para que los nuevos funcionarios públicos presenten certificados de libre deuda ante el BPS, DGI y otros tributos.
Nuevo Proyecto de Ley para la Presentación de Certificados de Libre Deuda por Funcionarios Públicos
En respuesta a los recientes casos de irregularidades en la regularización de propiedades por parte de la exministra Cecilia Cairo y el actual director de la OPP, Rodrigo Arim, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, ha presentado un proyecto de ley que busca establecer medidas más rigurosas para quienes ocupan cargos políticos y de confianza.Este proyecto obliga a los funcionarios a presentar, en un plazo de 60 días desde su asunción, certificados que demuestren estar al día con sus obligaciones tributarias ante organismos como la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), así como el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
Condiciones del Proyecto de Ley
Según el texto del proyecto, si los funcionarios no presentan estos certificados dentro del plazo establecido, se procederá a la retención total de sus haberes hasta que regularicen su situación.Schipani expresa: “Estoy convencido de que quien administra recursos públicos debe dar el ejemplo y estar al día con sus obligaciones ante el Estado.
Esta es una medida mínima, pero firme, para recuperar la confianza ciudadana en la política y reafirmar el valor de la responsabilidad pública”.
Ámbito de Aplicación
El artículo 1 del proyecto detalla que aplica a cualquier persona que asuma un cargo político o de particular confianza en diversos organismos del Estado, incluyendo la Administración Central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y Gobiernos Departamentales, entre otros.Todos deberán presentar los certificados pertinentes dentro de los sesenta días corridos desde su asunción.
Retención de Haberes
De no cumplir con la presentación de los certificados en el plazo estipulado, el artículo 2 establece que el organismo correspondiente deberá retener totalmente los haberes del funcionario hasta que su situación se regularice.Obligaciones Personales
El artículo 3 subraya que la obligación de presentar los certificados es personal e indelegable, y no podrá justificarse por razones administrativas o de gestión interna del organismo.Funcionarios en Funciones
Por otro lado, el artículo 6 aborda la situación de quienes ya ocupan cargos en el momento de la entrada en vigencia de la ley, otorgándoles también un plazo de 60 días para cumplir con esta obligación.Si se aprueba el proyecto, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la ley, lo que podría significar un cambio significativo en la regulación de las responsabilidades fiscales de los funcionarios públicos en Uruguay.
Fuente: Subrayado