Transformación en los Ambientes Laborales: El Surgimiento de una Nueva Era Profesional
El Debate sobre la Ocupación de Lugares de Trabajo en Uruguay
A tan solo un mes de haber asumido el nuevo gobierno, distintos representantes del Frente Amplio han comenzado a insistir en la necesidad de modificar el decreto que regula la ocupación de los lugares de trabajo.Según informan, están trabajando en una propuesta de modificación que apela al antiguo argumento que considera la ocupación de estos espacios por parte de los trabajadores como una extensión del derecho de huelga.
Este razonamiento, sin embargo, ha sido ampliamente criticado por su falta de fundamento.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020, establece de manera clara que el Estado respalda el ejercicio pacífico del derecho de huelga, así como el derecho de los trabajadores no huelguistas a acceder y trabajar en sus respectivas empresas.
También se reconoce el derecho de los directores de las empresas a ingresar a sus instalaciones, lo cual implica que no se aceptan formas de ejercer el derecho de huelga que sean violentas o que impidan el normal funcionamiento de los establecimientos.
Así, la normativa garantiza el derecho de ingreso a todos aquellos trabajadores que no se adhieran a las medidas gremiales, lo que respalda la libertad sindical en su dimensión “negativa”.
Además, se declaran ilegítimos los piquetes que obstaculizan la circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos y privados de uso público.
El Decreto del 15 de octubre de 2020 establece el procedimiento a seguir en caso de ocupaciones, permitiendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocar a instancias de conciliación y, si es necesario, intimar a la desocupación inmediata bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.
Con la existencia de una ley aprobada en dos ocasiones —primero por los procedimientos constitucionales regulares y posteriormente mediante un referendo que rechazó la propuesta del Frente Amplio para derogar dicha ley—, el actual gobierno ha decidido abordar nuevamente la cuestión.
Sostienen que la ley otorgó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una facultad de intervención que, según su interpretación, no correspondería.
La nueva propuesta de decreto sugiere que la desocupación solo procederá si los huelguistas impiden el acceso a los lugares de trabajo de empresarios, jerarcas u otros trabajadores no huelguistas, lo cual parece evidente dado que el procedimiento está destinado a situaciones de ocupaciones no pacíficas.
Es fundamental entender la realidad que se busca regular.
Hasta ahora, los actos de violencia en estos contextos no han sido provocados por la resistencia de propietarios o directores de empresas ante las ocupaciones.
Por el contrario, muchos trabajadores no huelguistas han optado por no ingresar a cumplir con sus labores para evitar posibles confrontaciones.
Sin embargo, si estos trabajadores decidieran ingresar, se encontrarían trabajando junto a compañeros huelguistas en el mismo espacio físico, lo que podría generar tensiones y discusiones potencialmente conflictivas.
Se espera que el gobierno reflexione sobre esta situación y evite la creación de normativas que, directa o indirectamente, puedan favorecer situaciones de enfrentamiento, en contraposición a una regulación que es, además, legítima y acorde con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En un contexto ya marcado por pérdidas de empleo, sería inadmisible generar condiciones que puedan agravar aún más esta problemática.
Fuente: Diario Cambio