Empresas Conexión Ganadera y Hernandarias XIII enfrentan un prolongado embargo y la declaración de concurso necesario.
Concurso Necesario para Conexión Ganadera y Hernandarias XIII
En una decisión judicial reciente, la Justicia dispuso el concurso necesario de las empresas Conexión Ganadera y Hernandarias XIII.Además, se ordenó un embargo por 250 millones de dólares y la designación de un síndico que aparta a Pablo Carrasco de la dirección de la empresa.
Detalles del Fallo Judicial
El juez letrado, Leonardo Méndez, incluyó en su fallo a Hernandarias XIII, otra de las empresas vinculadas a Carrasco.El embargo afecta a Carrasco, su esposa Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia y Daniela Caal Bilhere, viuda de Rubén Gustavo Basso, quien fuera socio de Carrasco y falleciera hace unos meses en un accidente de tránsito.
La empresa enfrenta serios problemas de liquidez, con un pasivo que supera ampliamente sus activos.
Más de 4.200 inversionistas han dejado de recibir pagos tras una crisis que se originó a raíz de la caída de otras dos firmas similares: República Ganadera y Grupo Larrarte.
Méndez consideró que está “acreditado sumariamente” que Carrasco, su esposa y Caal están “estrechamente vinculados a la administración” de la compañía y que “tenían pleno conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras”.
Tras aceptar el concurso, se constató que "el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo".
El contador Alfredo Ciavattone fue designado como síndico, reemplazando a los actuales directores de Conexión Ganadera.
Cierre de Fronteras
La jueza Diovanet Olivera, en una audiencia judicial, determinó la extensión del cierre de fronteras para Carrasco, Iewdiukow y Caal por un plazo de 180 días, a solicitud del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.Los abogados de los investigados no opinaron en contra.
Rodríguez informó sobre 52 denuncias en trámite y explicó que es crucial “desenredar esta madeja tan compleja” que se está denunciando.
Se sospecha que la empresa pudo haber manejado un volumen superior a 400 millones de dólares, lo que genera temores sobre una posible fuga del país por parte de los involucrados.
Los defensores de los implicados, Jorge Barrera (por Carrasco y su esposa) y Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson (por Caal), aceptaron la solicitud.
Barrera sostuvo que siempre privilegiarán “los principios del debido proceso” y agregó que el plazo solicitado por el fiscal era razonable, considerando la cantidad de denuncias a investigar.
Incaustación de Celulares
En otro punto relevante, el abogado de ahorristas, Juan Pablo Decia, solicitó a la jueza Olivera la incautación de los celulares de los investigados, para evitar posibles irregularidades, como el “trasiego de ganado”.Decia argumentó que ya se había presentado este tipo de acciones, y que la medida ayudaría a mitigar los daños civiles del delito.
Sin embargo, la jueza Olivera negó esta solicitud tras la intervención del fiscal Rodríguez, quien comentó que la competencia para tal medida recaía en él, aunque aún no estaba en sus planes.
Rodríguez citó el artículo 260 del Código del Proceso Penal, que señala que durante la investigación, el imputado y su defensor pueden solicitar diligencias al fiscal.
Barrera explicó que, con la declaración del concurso, el riesgo de trasiego de ganado disminuiría, ya que las autoridades de la empresa serían desplazadas.
Coincidió con Rodríguez en que, en caso de eliminación de material, hoy en día existen herramientas técnicas para recuperarlo.
Fuente: El Telegrafo