El sindicato reveló que, tras solicitar información al Ministerio del Interior, solo cuatro de las 26 dependencias cuentan con sala de lactancia y que no hay un protocolo establecido para el cuidado de mujeres embarazadas.
Denuncias de Malas Condiciones en los Centros Carcelarios de Uruguay
El sindicato de Trabajadores Penitenciarios ha denunciado las precarias condiciones que se viven en los centros carcelarios del país, presentando una demanda ante el Juzgado de Conciliación en respuesta a esta situación alarmante.Informe Revelador
Germán Gutiérrez, representante del gremio, declaró a Subrayado que se realizó un pedido de informes al gobierno.Los resultados indican que de las 26 cárceles existentes, solo tres cuentan con habilitación para incendios, cuatro tienen sala de lactancia y no existe un protocolo específico para que las mujeres embarazadas sean asignadas a tareas adecuadas durante su gestación.
Condiciones Laborales Inadecuadas
Según Gutiérrez, las mujeres en estado de gravidez son obligadas a trabajar hasta el octavo mes en los recintos penitenciarios, lo cual plantea serios problemas de salud y bienestar.Ante esta situación, el sindicato interpuso una acción de amparo, buscando una respuesta rápida de la Justicia para que el Ministerio del Interior cumpla con las normas laborales básicas.
Rechazo Judicial y Próxima Conciliación
A pesar de las evidencias presentadas, la Justicia desestimó la solicitud de una vía rápida, argumentando que los hechos eran de conocimiento general y no representaban una prioridad.Como consecuencia, el sindicato deberá recurrir a la vía ordinaria.
La primera instancia de conciliación está programada para fines del próximo mes.
Necesidades Urgentes del Sistema Penitenciario
Desde el sindicato sostienen que, para garantizar la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios, se requieren alrededor de 5000 trabajadores adicionales.Gutiérrez mencionó que el comisionado parlamentario ha calificado la situación actual del sistema penitenciario como una “bomba de tiempo”.
Durante los cinco años del gobierno anterior, el número de personas privadas de libertad aumentó en cuatro mil, mientras que el presupuesto permaneció sin cambios desde 2019. Esta situación refleja una creciente preocupación sobre el manejo del sistema carcelario en el país y las condiciones de trabajo de quienes allí prestan servicios.
Fuente: Subrayado