Confirmación de la Reelección de Nicolás Maduro por el TSJ en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro, desestimando las acusaciones de fraude presentadas por la oposición, que califica la decisión del tribunal como “nula” y expresa dudas sobre su independencia.Resultados Electorales y Petición de Certificación
Maduro había solicitado al TSJ la “certificación” de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó como ganador con el 52% de los votos.Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor, alcanzando un 67% de los sufragios.
Denuncian que tanto el TSJ como el CNE están al servicio del chavismo.
Sentencia del TSJ
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, anunció una sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado” y valida los resultados emitidos por el CNE, proclamando a Maduro como presidente para el periodo 2025-2031.Según Rodríguez, los boletines del CNE coinciden plenamente con los registros de las actas de escrutinio y los datos de las máquinas de votación.
Sin embargo, no se proporcionaron detalles técnicos sobre el peritaje realizado.
Reacción de la Oposición
La oposición, que ha publicado copias de las actas en una página web como prueba de la victoria de González Urrutia, ha sido acusada por el chavismo de presentar documentos “forjados”.Tras la sentencia, González Urrutia reaccionó a través de la red social X, calificando la decisión como “nula” y utilizando la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Tanto él como la coalición opositora habían anticipado su rechazo a cualquier sentencia que convalidara el supuesto fraude.
Criterio de Expertos Legales y Reacciones Internacionales
Expertos legales criticaron la decisión del TSJ, señalando que la validación de resultados corresponde únicamente al CNE.La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, ha rechazado la proclamación de Maduro.
Durante la sesión del TSJ, el canciller venezolano, Yván Gil, exigió respeto y no injerencia en asuntos internos ante el cuerpo diplomático presente.
Una misión independiente de la ONU manifestó su preocupación por la “falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE, considerándolos parte de la “maquinaria represiva del Estado”.
María Corina Machado agradeció el respaldo internacional, afirmando que no hay maniobra que otorgue legitimidad a Maduro.
Juanita Goebertus, directora regional de Human Rights Watch, describió la decisión como un “burdo intento de encubrir judicialmente el fraude”.
Situación Actual y Tensión Social
El TSJ ha ordenado que el material electoral permanezca bajo su resguardo y ha instado al CNE a publicar los “resultados definitivos”, sin detallar el escrutinio mesa por mesa.Desde el CNE, se argumenta que el retraso en la divulgación de los resultados se debió a un ataque informático, una explicación respaldada por la corte.
Las tensiones continúan en aumento.
Maduro ha acusado a González Urrutia y Machado de incitar a la violencia tras protestas que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos tras conocerse los resultados electorales.
Ha solicitado prisión para ambos líderes opositores, y la fiscalía ha iniciado una investigación penal.
Desafíos al Poder y Proyectos de Ley
El TSJ declaró en desacato a González Urrutia por no asistir a las audiencias del peritaje y enviará su caso al fiscal general, Tarek William Saab, para posibles sanciones.El alto mando de la Fuerza Armada, que reafirma su “lealtad absoluta” a Maduro, desestima los llamados de la oposición para un cambio político.
“Venezuela tiene sus instituciones y están cumpliendo”, afirmó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
Por otro lado, el Parlamento, dominado por el chavismo, avanza en varios proyectos de ley, entre ellos una legislación contra el fascismo y otra para regular las redes sociales, que podrían fortalecer aún más la represión contra voces disidentes.
Una ley controvertida de fiscalización de ONG ya ha sido aprobada, siendo objeto de críticas por defensores de derechos humanos.
Fuente: Telenoche
