El Supremo Tribunal Federal de Brasil analiza la creciente problemática de la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro.
Supremo Tribunal Federal de Brasil Inicia Análisis sobre Violencia Policial en las Favelas
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzará el próximo 13 de noviembre el análisis de la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro.Este caso crucial aborda las violaciones a los derechos humanos y la violencia ejercida por las fuerzas policiales en las comunidades más empobrecidas de la ciudad.
La acción fue presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño (PSB), junto a movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de que el tribunal reconozca la gravedad de estas violaciones y ordene la adopción de medidas efectivas para frenar la letalidad policial.
El proceso se introdujo bajo el mecanismo legal de Infracción de Precepto Fundamental (ADPF), utilizado para impugnar la violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución brasileña.
Desde 2020, el STF ya había impuesto restricciones a las operaciones policiales en las favelas durante la pandemia de Covid-19, instando además a la creación de un plan destinado a reducir la violencia policial y prevenir abusos.
Uno de los avances más significativos en este caso ha sido la implementación de cámaras corporales para los agentes de policía, una medida ordenada por el relator del caso, el ministro Edson Fachin.
A pesar de estas acciones, la violencia policial continúa siendo un problema grave, reflejado en estadísticas alarmantes.
Según un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de muertes por intervenciones policiales en Río de Janeiro se mantiene entre las más altas del país, alcanzando las 5,4 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023, muy por encima del promedio nacional de 1,8. No obstante, los datos también indican una disminución en el número de muertes durante intervenciones policiales.
En 2023 se registraron 871 muertes, lo que representa una caída del 52% en comparación con las 1.814 muertes de 2019, antes de las restricciones impuestas por el STF.
Este caso podría tener implicaciones trascendentales para la política de seguridad pública en Brasil, ante el desafío de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos en las zonas más vulnerables y marginadas del país.
Fuente: Grupo R Multimedio
