Carta a la opinión pública denuncia que el proyecto contraviene el derecho humano al acceso al agua potable y la disposición constitucional de 2004 que prohíbe la privatización de los servicios.
Rechazo al Proyecto Arazatí
Rechazo al Proyecto Arazatí por parte de FFOSE y organizaciones sociales
Montevideo, 9 de diciembre de 2024 El sindicato de trabajadores de OSE, conocido como FFOSE, junto a diversas organizaciones sociales, ha manifestado su enérgico rechazo al proyecto Arazatí.Este proyecto contempla la construcción de una nueva planta potabilizadora que incluirá una toma de agua del Río de la Plata.
La autorización necesaria para llevarlo a cabo fue emitida por el Ministerio de Ambiente.
En una carta dirigida a la opinión pública, las organizaciones argumentan que el proyecto infringe el derecho humano al acceso al agua potable, así como la disposición constitucional que prohíbe la privatización de los servicios de agua, aprobada durante la reforma de 2004. Aseguran que, si se implementa, "toda la población pagará más caro por agua de peor calidad".
Impactos en la calidad del agua y salud pública
El documento expone preocupaciones sobre la disminución en la calidad del agua debido a la alta salinidad, las floraciones de cianobacterias y la presencia de trihalometanos, advirtiendo sobre los posibles riesgos para la salud de la población.Estos compuestos químicos pueden tener efectos adversos, especialmente para individuos con hipertensión, enfermedades renales crónicas y mujeres embarazadas.
Además, se señaló el alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón, que es vital tanto para el riego como para el consumo humano en la región, lo que pone en peligro la integridad ambiental de la costa de San José.
Costo del proyecto y afectaciones económicas
Desde la perspectiva económica, el proyecto representa un costo significativo para OSE, que ascenderá a 1.140 millones de dólares al término de los 20 años de contrato.Esto limitaría la capacidad de la empresa para realizar nuevas obras durante ese período y provocaría un incremento en las tarifas del agua, impactando directamente en el bolsillo de la población.
Preocupaciones legales y administrativas
Se mencionan acciones judiciales y administrativas aún pendientes, por lo que las organizaciones esperan que se detenga la ejecución del proyecto y que no se firme el contrato.Argumentan que las condiciones actuales favorecen al sector privado, dejando al Estado como responsable de los riesgos y sobrecostos asociados.
Propuestas de gestión alternativa
Las organizaciones instan al próximo gobierno a estudiar alternativas viables para enfrentar los desafíos relacionados con la gestión del agua.Asimismo, piden implementar las medidas necesarias para la recuperación ambiental de la Cuenca del Santa Lucía.
Firman: FFOSE, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Agrupación Tucu Tucu-Arazatí, y otras organizaciones comprometidas con el medio ambiente y el acceso al agua potable.
Fuente: Subrayado