La investigación sobre la audaz fuga del poderoso jefe mafioso calabrés, Rocco Morabito, de la antigua Cárcel Central, sigue su curso, manteniéndose bajo estricta reserva desde el 23 de junio de 2019.
Archivo de Investigación sobre Traslados de Narco Mexicano en Uruguay
La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, informó que se ha decidido archivar la investigación relacionada con los traslados sin orden judicial del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia.Este individuo estuvo detenido en Uruguay desde 2016 hasta 2020, momento en el cual fue extraditado a Estados Unidos, habiendo estado recluido en la cárcel de Punta de Rieles y posteriormente en la ex Cárcel Central.
Porteiro comunicó a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que la causa en torno a la fuga del jefe de la mafia calabresa, Rocco Morabito, ocurrida el 23 de junio de 2019, continúa abierta.
Sin embargo, se abstuvo de ofrecer mayores detalles, dado que se trata de una indagatoria reservada que aún involucra a algunas personas.
Entre las notificaciones sobre el archivo del caso de los traslados de González Valencia se encuentra el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, quien asumirá próximamente como secretario de Inteligencia Estratégica del Estado.
En noviembre de 2023, Porteiro había solicitado el sobreseimiento del capitán de la Guardia Republicana, imputado en julio de 2022 por haber autorizado dichos traslados.
La fiscal determinó que no existía responsabilidad en las acciones del policía, ya que este actuó cumpliendo órdenes de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y del Ministerio del Interior de aquel entonces.
González Valencia fue trasladado en un total de 12 ocasiones de la cárcel de Punta de Rieles a la ex Cárcel Central, donde se encontraba Morabito.
La investigación reveló que ambos se encontraron al menos en dos oportunidades durante estos traslados.
Cabe mencionar que cada traslado del narcotraficante tuvo un costo para el Estado que asciende a 94.000 pesos, debido a la necesidad de movilizarlo en un vehículo blindado, acompañado por un despliegue de entre 8 a 12 funcionarios armados, así como otras medidas de máxima seguridad.
El argumento utilizado para justificar estos traslados irregulares señalaba la necesidad de permitir visitas conyugales con su pareja, a pesar de que el establecimiento en el que se encontraba recluido contaba con condiciones adecuadas para tales encuentros.
Fuente: Subrayado