Corte IDH Determina que Colombia Debe Rendir Cuentas por Desapariciones Forzadas y Hostigamiento a las Familias de las Víctimas
Corte IDH Declara Responsabilidad de Colombia por Desaparición Forzada y Hostigamiento a Familiares de Víctimas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté Monroy y Gloria Mireya Bogotá Barbosa, ocurrida el 19 de mayo de 1995. Esta resolución también aborda el acoso y hostigamiento sufrido por los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia.Hechos y Contexto
Ubaté y Bogotá, excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL) desmovilizados en 1991, fueron detenidos por agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Policía (UNASE) antes de su desaparición.La Corte identificó que estos eventos se produjeron en un entorno de persecución hacia excombatientes del EPL durante el conflicto armado en Colombia.
Tras su desmovilización, Ubaté asumió el rol de defensor de derechos humanos, denunciando actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares.
La Corte subrayó que su labor en favor de los derechos humanos lo transformó en un objetivo de hostigamiento, concluyendo que el Estado violó su derecho a defender los derechos humanos.
Impunidad y Violaciones Adicionales
El Tribunal resaltó que el caso permanece impune, ya que no se han identificado ni sancionado a los responsables de estas violaciones.Asimismo, criticó las limitaciones en las investigaciones, las cuales ignoraron evidencias de participación estatal pese a la existencia de pruebas y testimonios.
Los familiares de las víctimas, en su búsqueda constante de verdad y justicia, enfrentaron amenazas y hostigamientos, siendo Sandra del Pilar Ubaté, hermana de Jhon Ricardo, quien tuvo que exiliarse en 1997 debido a la presión.
La Corte señaló que la búsqueda de justicia desde el exilio presenta desafíos particulares que requieren apoyo estatal, algo que Colombia no ha proporcionado adecuadamente.
Reconocimiento y Reparaciones
El Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad y acordó reparaciones con las víctimas y sus representantes, lo que fue considerado un avance positivo por la Corte.Sin embargo, el Tribunal determinó que era necesario pronunciarse sobre aspectos no incluidos en dicho acuerdo.
Entre las medidas ordenadas, la Corte incluyó reparaciones económicas, acciones para garantizar la memoria histórica y medidas de no repetición.
Además, se reconocieron los derechos vulnerados de los familiares, incluidos el derecho a la protección de la niñez y la integridad personal.
Composición del Tribunal y Observaciones
La sentencia fue emitida por los jueces Nancy Hernández López (Presidenta, Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch (Vicepresidente, Brasil), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo C.Pérez Manrique (Uruguay) y Verónica Gómez (Argentina).
Es importante destacar que el juez colombiano Humberto Antonio Sierra Porto no participó en el caso.
Fuente: Grupo R Multimedio
