El Parlamento, bajo control oficialista, ha extendido una convocatoria a todas las fuerzas políticas del país para que presenten una propuesta de cronograma ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que también enfrenta críticas por su cercanía al chavismo.
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La convocatoria se realiza en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición tras las recientes elecciones presidenciales.Contexto electoral y denuncias
El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar tres elecciones en el transcurso del año.Entre las elecciones previstas se encuentra la renovación del Parlamento y un referendo sobre una reforma constitucional impulsada por el presidente Nicolás Maduro, aunque aún no se han ofrecido detalles específicos sobre este último aspecto.
La oposición, liderada por María Corina Machado, ha denunciado que Maduro le "robó" la elección a su candidato, Edmundo González Urrutia, en los comicios del 28 de julio.
Según la oposición, documentos de las máquinas de votación demostrarían que González Urrutia obtuvo más del 70% de los votos, mientras que Maduro fue proclamado ganador con un 52%.
Sin embargo, el CNE no divulgó el desagregado del escrutinio, a pesar de lo establecido por la normativa vigente.
Detalles sobre el calendario electoral
El calendario electoral contempla la elección de alcaldes, gobernaciones y cuerpos legislativos municipales y regionales, donde el chavismo mantiene la mayoría en la actualidad.Además, destaca la elección del primer gobernador de la Guayana Esequiba, un territorio en disputa con Guyana que actualmente está bajo su administración.
Rodríguez indicó que se están evaluando diferentes propuestas relacionadas con el cronograma electoral.
“Nosotros debemos discutir para llevar al Consejo Nacional Electoral una propuesta que contemple si realizamos todas las elecciones juntas o por separado, además de analizar los parámetros legales y requisitos necesarios”, señaló el dirigente.
Implicaciones legales
El gobierno ha promovido la aprobación de leyes que establecen penas de hasta 30 años de prisión por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ocupar cargos públicos y juicios en ausencia, lo que genera aún más preocupación en el ámbito político del país.Fuente: AFP
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