Exmiembros de las fuerzas armadas son acusados de torturas a jóvenes en el sombrío año 1975
Militares Retirados Procesados por Abusos en la Dictadura
En un importante avance judicial, tres militares retirados han sido procesados con prisión en relación a una causa que investiga abusos cometidos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería N° 10 de Treinta y Tres, durante abril de 1975. La investigación se centra en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, periodo en el cual las víctimas, en su mayoría jóvenes estudiantes, fueron detenidas, torturadas y sometidas a tratos crueles.Identificación de los Procesados
Los militares procesados son: José María Lete: En ese entonces, segundo al mando en el Batallón, fue procesado como coautor de varios delitos, que incluyen privación de libertad, atentado violento al pudor, abuso de autoridad y lesiones graves.Rogelio Garmendia: Reconocido por diversas víctimas como responsable de los operativos de detención y parte del grupo de torturadores, fue imputado por abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad.
Pedro Buzó: Oficial de inteligencia en el Batallón de Infantería N° 4, enfrenta cargos de abuso de autoridad y lesiones graves, vinculado directamente a las torturas que tuvieron lugar durante la visita del general Gregorio Álvarez el 18 de abril de 1975, cuando las violaciones se intensificaron.
Contexto de los Hechos
Los abusos ocurrieron entre el 12 y el 15 de abril de 1975, momento en que 39 jóvenes, muchos de los cuales eran miembros de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y estudiantes del liceo de Treinta y Tres, fueron detenidos bajo orden de la Justicia militar.Durante su detención, las víctimas sufrieron golpizas, descargas eléctricas y abusos sexuales, además de que se les retiró la patria potestad a sus padres, impidiendo así su continuidad educativa.
Decisión Judicial
El fallo de la jueza María Eugenia Mier desestimó un recurso presentado por la defensa de Lete, quien argumentaba que el juzgado de primera instancia no era competente para tratar casos de lesa humanidad.La jueza consideró que esta alegación tenía la intención de retrasar el proceso judicial y que contradecía acciones anteriores de la defensa.
Esta decisión reafirma el compromiso del sistema judicial con la justicia en casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
La resolución representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos sistemáticos ocurridos en el país durante años oscuros de su historia.
Fuente: Grupo R Multimedio