"Porteiro asegura que las irregularidades halladas no son simplemente administrativas y pueden acarrear sanciones más severas, advirtiendo que se trata de un ilícito penal.
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Investigación a Charles Carrera por Presunto Abuso de Funciones
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Elena Martínez Rosso, envió este miércoles un oficio a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón.Este documento proviene de la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, y responde a un pedido de la fiscal de Delitos Económicos, Silvia Porteiro, quien investiga al exdirector general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, por presunto abuso de funciones.
Esta solicitud se inscribe en el marco de una investigación que indaga si Carrera actuó incorrectamente al ordenar atención médica en el Hospital Policial para Víctor Hernández, un civil que fue baleado en noviembre de 2012 en La Paloma.
Tras el ingreso de la solicitud al Parlamento, se conoció la renuncia de Carrera a su banca.
Detalles de la Investigación
El escrito de la fiscalía sostiene que “existen evidencias suficientes que justifican la solicitud de formalización por el delito de abuso innominado de funciones”.En el documento, Porteiro menciona que la situación de Hernández es “anómala, indebida e irregular”, añadiendo que Carrera se extralimitó en sus funciones como director general del Ministerio del Interior.
En 2016, los padres de Hernández presentaron una demanda de daños y perjuicios contra el Estado, argumentando que las prestaciones otorgadas a su hijo fueron parte de una maniobra para encubrir a la Policía de Rocha.
La respuesta del Ministerio del Interior fue que estas ayudas fueron ofrecidas “de buena fe por razones humanitarias”, sin asumir responsabilidad alguna.
Hechos Relevantes
Los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando Hernández estaba internado en el Hospital de Clínicas.Carrera visitó el hospital y dejó 10.000 pesos en efectivo para que los hermanos Hernández se “manejaran.
” A partir de enero de 2013, se comprometió a gestionar tiques de alimentación, que ascendieron a 20.000 pesos mensuales durante cuatro años, sumando un total de 260.350 dólares en atención y ayuda económica.
La SCJ, en instancias anteriores, determinó que la asistencia brindada a Hernández carecía de nexo causal con el evento lesivo y destacó que dicha intervención resultaba claramente indebida.
Según el dictamen, la internación de Hernández en el Hospital Policial no cumplía con los requisitos mínimos de autorización y se realizó sin un plan médico de intervención adecuado.
Conclusión
La fiscal Porteiro concluye que las razones “humanitarias” alegadas no justifican las decisiones de los gobernantes y que las irregularidades observadas constituyen un ilícito penal.La situación planteada podría tener graves implicancias para Carrera y su gestión al frente del Ministerio del Interior.
Fuente: Subrayado
